viernes, 5 de octubre de 2012

57 comunidades de las provincias de Salta, Formosa y Chaco, pertenecientes a los pueblos wichí, pilagá y qom se realizó el Parlamento de Pueblos Originarios en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, los días 28 y 29 de septiembre. Firmaron un Acta de Pronunciamiento en la que rechazan la propuesta de Reforma al Código Civil y Comercial.


PARLAMENTO DE PUEBLOS ORIGINARIOS RECHAZAN REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL
Fuente: Agencia Rodolfo Walsh
Con la presencia de líderes y referentes de 57 comunidades de las provincias de Salta, Formosa y Chaco, pertenecientes a los pueblos wichí, pilagá y qom se realizó el Parlamento de Pueblos Originarios en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, los días 28 y 29 de septiembre. Firmaron un
Acta de Pronunciamiento en la que rechazan la propuesta de Reforma al Código Civil y Comercial.

El texto que presentarán a las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación, es el siguiente:


Sra. Presidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Sr. Amado Boudou, Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado
Sres. Diputados Nacionales y Senadores Nacionales
Pueblo Argentino en general

En la ciudad de Ingeniero Juárez. Departamento Mataco, de la Provincia de Formosa a los 29 días del mes de septiembre del año 2012, siendo las 13 horas se reúnen en asamblea por el tema "Reforma del Código Civil y Comercial" distintas comunidades Wichí, Pilagá y Qom, abajo firmantes.


Los presentes luego del debate llegan a un acuerdo para hacer pública su voz e informar que no fueron consultados ni convocados para discutir la Reforma del Código Civil y Comercial, por lo que expresan su total desacuerdo teniendo presente que:


1) No se ha cumplido con la obligación del Estado Argentino de consulta previa en tiempo y forma a las comunidades de los pueblos originarios, de manera que se está violando el Convenio 169 de la OIT en el cual se lee claramente la obligación del Estado nacional de consultar cualquier modificación que impacte en la existencia de dichas comunidades reconocidas como preexistentes. Por lo tanto, exigimos que se respeten y cumplan las leyes vigentes que favorecen y resguardan los derechos de los pueblos originarios, como el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, ratificada por las constituciones provinciales y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.


2) Que nuestras comunidades no han sido informadas en nuestro idioma, por lo que desconocemos doblemente los impactos de la norma.


3) Que hemos constatado repetidas irregularidades respecto de la metodología de la supuesta consulta, implicando presiones a dirigentes, falsificaciones de firmas y una serie de metodologías ajenas a la justicia y al bien común.


4) Que los representantes que el Estado acepta como válidos ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y los Institutos Provinciales, no nos han hecho conocer la reforma de dicha norma en el territorio y han trabajado a espaldas de las comunidades para conveniencia personal o presionados por el Estado, o las empresas transnacionales que nos dañan, por lo que expresamos que dichas personas e instituciones no nos representan y por lo tanto exigimos consulta directa con las comunidad
es implicadas.
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